La problemática de la violencia contra la mujer y las políticas implementadas en Perú para combatirla se exploraron desde diversos ángulos a la luz de la concepción que sostiene que la solución no radica en el sistema punitivo sino en «el gobierno del crimen». Este mecanismo, se agregó, propicia la reducción de la criminalidad contra la mujer «a límites tolerables». En este enfoque subyace la visión de que «la criminalidad se produce por el diseño de la estructura social, y se aprende en la interacción social». Entre las recomendaciones figura: adoptar normativas internacionales; ofrecer servicios jurídicos gratuitos; capacitar a empleados administrativos; empoderar a las mujeres; y formar a jóvenes como «agentes de transformación».