El derecho humano a la educación superior se analizó en el contexto mexicano ‎desde el prisma del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la luz ‎de resoluciones del poder judicial. Se sostiene que si bien este derecho aún no ‎ha sido reconocido constitucionalmente, en virtud de tratados internacionales, el ‎estado está comprometido a velar por su cumplimiento en base a los principios ‎de igualdad e indiscriminación, y también en función a la capacidad individual. ‎Igualmente, se argumenta que el Estado debe maximizar todos los medios ‎apropiados para establecer de manera progresiva la educación superior ‎gratuita.‎